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Autor: Reporte Minero , 18 de abril de 2018

Propuesta de Valor Minero busca destrabar los proyectos de inversiones en el país

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La iniciativa busca destrabar aquellos proyectos de distintas áreas de la economía que se encuentren paralizados, en carpeta o se proyectan a futuro.

La institución público-privada, Valor Minero, entregará a mediados de año una propuesta que apunta a crear una institucionalidad que a través del diálogo temprano enfrente transversalmente los problemas y desafíos para dar viabilidad a las iniciativas de inversión.

En el planteamiento de este proyecto participaron gremios como Sofofa, la CPC, la CChC., El Consejo Minero y la Sonami, además de gremios sindicales, ONG y la Asociación Chilena de Municipalidades, y aunque la propuesta es preliminar, ya fue presentado por Valor Minero a los ministerios de Minería, Economía y Medio Ambiente.

“Lo que estamos proponiendo es que exista una institucionalidad prejudicial que resuelva esos conflictos para evitar la judicialización y que esta etapa tenga poder legal (…). La propuesta que estamos haciendo se aplica al conjunto de la economía y parte de la consideración de que si Chile quiere volver a crecer requiere de mucho más de lo que venía haciendo”, señaló el presidente ejecutivo de Valor Minero, Álvaro García a revista Pulso, y añadió que las iniciativas que tienden a tener conflicto pertenecen a los sectores de la minería, energía, de infraestructura e inmobiliarias.

Desde esa arista agregó que de 831 proyectos que la Corporación de Bienes de Capital proyecta para el quinquenio 2017-2021, sólo 50 explican más del 50% del total (US$25.192 millones).

“Estos proyectos son los que verdaderamente mueven la aguja del crecimiento. Además, se debe considerar que en los últimos seis años más de 80 proyectos han sido detenidos por conflictos sociales”, indicó, detallando que durante 2017, la inversión proyectada para el período 2017-2021 cayó 23%, en relación a lo estimado el año anterior.

Mientras que las iniciativas paralizadas, que contaban con aprobación ambiental, equivalen a US$7.550 millones.

Pese a que la propuesta aún no está concluida, algunos de sus ejes más claros son disminuir desde los cinco años, a dos años promedio los tiempos de los trámites por los cuales atraviesan las diferentes iniciativas. “La idea es viabilizar los proyectos estratégicos, pero también asegurar que colaboren con el desarrollo del territorio donde se instalan”, dijo García, agregó que la mayor parte de las tareas de la institucionalidad que se propone, estaría respaldada por consultores privados, que den seguridad a los distintos actores.

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