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Autor: Reporte Minero , 28 de enero de 2018

Chile podría retirarse del convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios

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De retirarse, no será necesario realizar una consulta a los pueblos indígenas por materias que les afecten directamente.

Este acuerdo obliga a los países firmantes a realizar una consulta a los pueblos indígenas cuando estos se vean afectados por decisión legislativas o administrativas por parte del Estado. Este año el nuevo gobierno de Sebastián Piñera deberá decidir si ratifica su adhesión.

El tratado fue suscrito en septiembre de 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, y entró en vigencia en septiembre de 2009. Su ratificación ha generado un fuerte debate público, y el encargado de resolverlo será el próximo ministro de Desarrollo Social, el empresario y ex timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno.

Este es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más actualizados sobre la materia, y contribuye a la protección de los derechos de los pueblos indígenas como: el reconocimiento de su carácter de pueblos; el respeto por sus formas de vida y de su desarrollo económico; y el derecho sobre sus tierras y territorios.

El pasado 19 de enero, durante el seminario "Convenio 169 y su aplicación en Chile”, el actual ministro de la cartera, Marcos Barraza manifestó que "no puede existir una dicotomía entre el desarrollo económico y el respeto de los derechos de los pueblos. El Convenio 169 entrega una oportunidad de diálogo político y social, y retirarlo sería una nueva bofetada a los pueblos indígenas".

Por su parte, en entrevista a La Tercera, diversas organizaciones indígenas manifestaron la urgencia de continuar con este tratado.

Sin el Convenio 169 estaríamos mucho más desprotegidos y sin la posibilidad de reclamar a nivel internacional. Solo tendríamos la Ley Indígena, que no habla de soberanía ni de pueblo, es una legislación muy débil”, señaló Carolina Sagredo, abogada del Consejo de Pueblos Atacameños.

“Salirnos del 169 es permitir que los privados destruyan el patrimonio natural de todos los pueblos originarios y de la gente más pobre en regiones, porque además esas empresas tributan en Santiago”, enfatizó José Rapu, integrante de la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua (Codeipa).

Para Hugo Alcamán, presidente de la corporación de profesionales mapuche (Enama), el Convenio 169 “reconoce, en primer lugar, que los pueblos originarios existimos. Plantear su no renovación por parte de políticos y dirigentes gremiales en La Araucanía es de una enorme irresponsabilidad, es una negación que va a profundizar el conflicto”.

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