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Autor: Reporte Minero , 14 de mayo de 2019

Cochilco realizó su cuenta pública 2018

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El gran desafío de Cochilco para este año será la secretaría técnica de la Mesa que está elaborando la Política Minera para el año 2050

El vicepresidente ejecutivo (subrogante) de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Manuel José Fernández, fue el encargado de presentar la Cuenta Pública de la Institución en la que dio a conocer los principales hitos de la gestión 2018 y los desafíos para el año 2019.

Manuel José Fernández destacó el importante rol que ejerce Cochilco en tanto generador de estudios y análisis sobre temas estratégicos del sector, la evaluación y recomendación de los proyectos de inversión de las empresas mineras del Estado: Codelco y Enami, y la fiscalización que ejerce sobre estas empresas.

Fiscalización

En el ámbito de la fiscalización a Codelco y Enami, señaló que Cochilco verifica que cumplan sus normas, operaciones, metas de gestión, entre otros ámbitos. Agregó que en 2018 se realizaron 17 auditorías a las empresas mineras del Estado, de las cuales 12 correspondieron a Codelco y 5 a Enami.

Entre las auditorías hechas a Codelco están temas como la gestión del recurso hídrico en la División Gabriela Mistral; el proceso de determinación y control de la producción de la División Andina; al proceso de gestión y control de proyectos de la División Chuquicamata; a la filial Codelco Tech SpA; al proceso de determinación y control del abastecimiento de concentrado de cobre de la Fundición Potrerillos.

En el caso de Enami algunas de las auditorías fueron el cumplimiento normativo en el proceso de licitación y adjudicación del Sistema ERP Oracle E-Business Suite;  al proceso de licitación y asignación de contratos de servicios efectuados por la Fundición Hernán Videla Lira.

Además de estas auditorías planificadas para el año, se recibieron 23 solicitudes extraordinarias de fiscalización para dichas empresas, provenientes de diferentes organismos como la Contraloría General de la República, Ministerio de Minería, Servicio de Impuestos Internos, Congreso Nacional, entre otros.

Evaluación de proyectos

En relación a la evaluación de los proyectos de inversión de Codelco, informó que el año pasado se revisaron 183 proyectos, que requerían una inversión para 2018 de US$ 3.536 millones e involucraban un total de US$ 15.107 millones. Entre los proyectos que evaluados y recomendados , agregó Fernández, y que están en diferentes fases de desarrollo, están Explotación Chuquicamata Subterránea; Andes Norte - Nuevo Nivel Mina; Nuevo Sistema de Traspaso Mina Planta de la División Andina; Mejoramiento Integral Fundición Potrerillos en la División Salvador, entre muchos otros.

En el caso de Enami, agregó, se analizaron 59 proyectos, que requerían US$ 75,8 millones para materializar el año 2018, y cuyo valor total suma US$ 136 millones. Los principales proyectos recomendados fueron Plan de Cierre Planta Ovalle, Estudio Factibilidad para la Modernización de la Fundición Hernán Videla Lira, Mejoras Captura y Manejo de Gases en Fundición Hernán Videla Lira.

 Estudios

Respecto a la Dirección de Estudios y Políticas Públicas, señaló que "una de nuestras prioridades es contribuir al desarrollo de políticas públicas mineras que promuevan y acompañen el crecimiento sustentable del sector, y que además sean un real aporte para el conocimiento y desarrollo de las regiones y del país."

Nuestros estudios y estadísticas, centrados en aspectos estratégicos del sector, nos permiten asesorar al Ministerio de Minería y otras entidades del Estado, en aspectos coyunturales y otros de más largo plazo”, enfatizó. 

Entre los estudios desarrollados el año pasado destacó el informe de la cartera de proyectos de inversión en la Minería Chilena  2018-2027; los de proyección de consumo de agua y energía en la minería del cobre al año 2029; de Capital Humano y Gastos en la Mediana Minería; el informe que caracteriza a las empresas proveedoras de la gran minería del cobre en temas relacionados con innovación y tecnologías 4.0.

 Desafíos

Respecto a los desafíos para este año, el vicepresidente ejecutivo (s) señaló que se trabajará en fortalecer la contribución al diseño y elaboración de las políticas públicas que requiere el país en minería. “Cochilco ha asumido la secretaría técnica de la Mesa que está elaborando la Política Minera para el año 2050, iniciativa clave para nuestro futuro y que es impulsada por el Ministerio de Minería. Estamos liderando el trabajo de cuatro mesas que se constituyeron con dicho objetivo. Nuestro desafío este año es entregar una propuesta de política pública al ministro de Minería”, agregó.

En cuanto al rol de fiscalización de Cochilco, sostuvo que este año se han realizado una serie de cambios y modernizaciones en términos de estructura organizacional, procesos y capacitación.  “Al realizar estos cambios, hemos puesto  un énfasis especial en fortalecer nuestro rol de evaluación de los proyectos de inversión de Codelco y Enami, y también en perfeccionar las labores de fiscalización sobre dichas empresas. ¿Porqué? Porque Codelco tiene una cartera de proyectos estructurales que suma cerca de US$ 24 mil millones, cuya materialización, esperada hacia 2023, es fundamental para mantener y ojalá incrementar su producción de cobre”, sostuvo.

Manuel José Fernández también señaló que este año se realizará un exhaustivo seguimiento de los proyectos implementados por Codelco y Enami para cumplir con el Decreto Supremo N° 28, que estableció nuevos límites a las emisiones de azufre y arsénico de las fundiciones. “Sólo así es posible determinar las causas técnicas y los impactos económicos de los atrasos experimentados en su puesta en marcha”.

“Tomando como base los lineamientos y exigencias planteados tanto desde el Ministerio de Minería como desde nuestro Consejo, y teniendo como sustento el apoyo a la gestión, cambios y mejoras que se están ejecutando en la Comisión, quiero recalcar que hemos sido y seguiremos siendo firmes en ejercer, conforme a la ley, las atribuciones que en materia de fiscalización posee Cochilco sobre las Empresas Mineras del Estado, enfatizando los imperativos legales y sociales de transparencia, probidad y eficiencia que, en su calidad de administradores de fondos públicos, los obliga muy especialmente y les impone una responsabilidad extrema en todas sus decisiones”, destacó el ejecutivo.

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