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Autor: Martín Cabello , 8 de julio de 2021

Sergio Hernández: “Es importante considerar la competitividad del país, hoy afectada por muchos factores”

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Sergio Hernández, director ejecutivo de APRIMIN, participó de las participó en la última de las presentaciones convocadas por el Senado en el contexto tramitación del proyecto de royalty minero.

La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) participó recientemente en la última de las presentaciones convocadas por el Senado en el contexto tramitación del proyecto de royalty minero. En donde Sergio Hernández, director ejecutivo de APRIMIN, fue el encargado de representar al gremio. 

Frente al proyecto, Hernández comentó que “la realidad geológica no es igual entre los distintos yacimientos, por lo que, este royalty sobre las ventas desconoce esta realidad científica. Una mina vale más o menos para su dueño, el Estado, dependiendo de esa realidad”.  

Además, el ejecutivo agregó que un gravamen creciente sobre el margen operacional minero, en vez del precio, como actualmente lo establece el Impuesto Específico, considera mejor este elemento.

En segundo término, el director ejecutivo de APRIMIN indicó que la suma de los impuestos de primera categoría, el adicional y el actual impuesto específico arroja tasas efectivas entre el 39% y el 46% sobre utilidades mineras, las que son competitivas con otros distritos mineros. 

“Sin embargo, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, con los actuales precios, la tasa efectiva del royalty propuesto sería del 24%, pero esta vez sobre las ventas. Si le sumamos los impuestos a la renta de primera categoría y adicional, más el Impuesto Específico, que no se deroga, la tasa efectiva sería más del 82% sobre las utilidades, en el caso que las haya. Si no las hay, este royalty propuesto acrecentaría en forma importante las pérdidas de la compañía minera”, señaló Hernández.

A su vez, el especialista explicó que esta medida daña la competitividad minera del país, puesto que la carga tributaria sería ampliamente superior a otras jurisdicciones mineras para una industria intensiva en capital y con proyecciones a largo plazo, como ocurre en la minería.

Es importante considerar la competitividad del país, hoy afectada por muchos factores. Mayores impurezas del mineral, lo cual aumenta costos; permisos ambientales, licencia de la comunidad, alto precio de la energía, altos costos laborales, nuevas tecnologías, incertidumbre del proceso constitucional. Todos estos factores generan una pérdida en la competitividad del país, por lo que agregar esta carga desproporcionada es atentar contra el desarrollo de Chile”, declaró el abogado.

Inconstitucionalidad del proyecto

Por otro lado, Sergio Hernández declaró que la moción de royalty es inconstitucional por tres motivos. En primer lugar, porque las reformas tributarias son materia exclusiva del Presidente de la República y el proyecto en cuestión surgió como moción parlamentaria. 

En segundo término, la Constitución prohíbe los tributos manifiestamente desproporcionados y, en tercer lugar, la Constitución prohíbe los tributos manifiestamente injustos. De acuerdo con Hernández, dado el impacto que podría causar un royalty de estas características al ecosistema minero, se cumpliría la inconstitucionalidad en los últimos dos aspectos.

 

 

 

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