Congreso del Perú evalúa moción de censura contra el primer ministro tras asesinato de 13 mineros en Pataz

La muerte de trabajadores secuestrados en una bocamina clandestina desató una crisis política que podría costarle el cargo a Gustavo Adrianzén. La moción ya cuenta con 35 firmas y será discutida en el Pleno.

El asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, ha desencadenado una crisis política sin precedentes. Los cuerpos, hallados en un socavón ilegal en una zona bajo estado de emergencia desde hace más de un año, han puesto bajo escrutinio la capacidad del Gobierno para garantizar la seguridad en territorios dominados por economías criminales ligadas a la minería ilegal.

En este contexto, 35 congresistas han firmado una moción de censura contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, responsabilizándolo por la inacción estatal. El Congreso deberá agendar próximamente el debate y la votación, que podría terminar con su salida del cargo.

Minería ilegal, inseguridad y reacción tardía

La violencia en zonas mineras como Pataz no es un fenómeno nuevo. La falta de control estatal, el uso del Reinfo como escudo para actividades ilegales, y la expansión de bandas criminales han generado un ambiente de alta peligrosidad para los trabajadores. La respuesta del Ejecutivo —que incluyó un toque de queda, intervención militar y suspensión de operaciones por 30 días— fue calificada como insuficiente y tardía por diversos sectores.

La suspensión temporal de la minería en Pataz y la promesa de exclusión de Reinfos suspendidos han generado críticas por no atacar la estructura financiera y logística de estas redes criminales.

Gobierno en la mira: moción de censura en curso

El parlamentario Roberto Sánchez fue uno de los impulsores de la moción, argumentando que “la gestión del premier ha fracasado en garantizar derechos básicos como la seguridad”. La moción alcanzó el mínimo de firmas requeridas y, de ser aprobada, Adrianzén deberá presentar su renuncia.

Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte ha ordenado medidas excepcionales en la zona, pero su administración enfrenta una fuerte presión ciudadana. La opinión pública demanda cambios estructurales en materia de seguridad, control minero y lucha contra el crimen organizado.

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El caso Pataz ha reavivado el debate sobre la regulación de la pequeña minería y la debilidad de los marcos normativos actuales. Organizaciones como la CAEM y especialistas han señalado la urgencia de fortalecer la fiscalización ambiental, frenar el uso fraudulento del Reinfo y garantizar la trazabilidad del oro peruano.

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