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Por Miguel Rifo , 5 de mayo de 2025 | 09:02

Confirman asesinato de 13 trabajadores mineros en Perú: Poderosa acusa a bandas vinculadas a la minería ilegal

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La minera Poderosa confirmó que los trabajadores secuestrados hace una semana en Pataz fueron asesinados por grupos armados asociados a la minería ilegal. La empresa denuncia falta de intervención estatal y exige medidas urgentes.

La minera Poderosa confirmó este domingo 4 de mayo el asesinato de 13 de sus trabajadores que habían sido secuestrados días atrás en un yacimiento de oro ubicado en la provincia de Pataz, al norte de Perú. Los cuerpos fueron encontrados con disparos en la cabeza y el cuello, lo que confirmó la implicación de terceros.

A través de un comunicado, la compañía aseguró que los responsables de esta masacre serían "criminales aliados a la minería ilegal", quienes operarían con total libertad en la región. Poderosa advirtió que este tipo de violencia no es un hecho aislado, ya que en el último tiempo se han contabilizado 39 trabajadores asesinados por bandas ilegales en la zona.

Pataz: un territorio sin ley y sin respuesta estatal

La situación en Pataz ha sido calificada por la empresa como “un territorio sin ley”, donde la violencia y la criminalidad avanzan sin control. Según el testimonio de la minera, estas bandas criminales no solo controlan operaciones ilegales, sino que también ejercen violencia contra quienes trabajan en faenas formales.

En este contexto, la empresa hizo un llamado urgente al gobierno peruano para que replantee su estrategia de seguridad y enfrente con decisión el avance del crimen organizado. Según Poderosa, las autoridades no han tomado medidas suficientes para garantizar la seguridad en las zonas mineras.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la Policía Nacional aún no ingresa a interdictar las bocaminas ilegales, que funcionan como refugio y centro de operaciones para estas bandas. La compañía afirma que estas ubicaciones están plenamente identificadas y georreferenciadas.

Además, Poderosa criticó directamente a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, por no atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a mineros informales e ilegales que siguen operando sin restricciones.

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