Gobierno de Perú evalúa declarar estado de sitio en Pataz tras asesinato de 13 mineros

La presión aumenta sobre el gobierno de Dina Boluarte para que tome decisiones contundentes ante un escenario cada vez más crítico en regiones donde la minería ilegal y el crimen organizado han ganado terreno.

En medio de una creciente ola de violencia y tras el brutal asesinato de 13 mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, publicó este lunes en sus redes sociales los requisitos constitucionales para declarar el estado de sitio, una medida solicitada por las autoridades regionales para frenar el avance de mafias ligadas a la minería ilegal.

A través de su cuenta en la red social X, Adrianzén compartió el artículo de la Constitución Política que establece los regímenes de excepción —entre ellos, el estado de emergencia y el estado de sitio—, precisando que este último puede ser decretado por la presidenta Dina Boluarte en casos de invasión, guerra, guerra civil o peligro inminente de que estas situaciones ocurran. La norma también señala que el periodo de aplicación no puede exceder los 45 días y que su prórroga debe ser aprobada por el Congreso.

Actualmente, la provincia de Pataz ya se encuentra bajo estado de emergencia desde hace más de un año, medida que ha sido insuficiente para erradicar la criminalidad vinculada a la minería ilegal. El reciente ataque, donde 13 trabajadores mineros fueron secuestrados y ejecutados, ha reactivado el debate sobre la efectividad de las acciones gubernamentales y ha provocado una fuerte reacción tanto a nivel político como empresarial.

El gobierno regional de La Libertad solicitó formalmente al Ejecutivo evaluar la declaración del estado de sitio como una medida “extrema y necesaria” para recuperar el control territorial. En un comunicado, la administración regional señaló que “la paz y la vida de los ciudadanos no pueden seguir siendo amenazadas por mafias criminales”, haciendo un llamado urgente a la acción.

En el ámbito político, el congresista Carlos Zeballos, del Bloque Democrático Popular, señaló que en vez de interpelar a varios ministros, el Parlamento debería considerar una moción de censura contra el premier Adrianzén. “Lo que ha ocurrido en Pataz no puede repetirse en otras regiones donde también se denuncian actividades de minería ilegal, como Arequipa y Puno”, afirmó Zeballos.

Por su parte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el mayor conglomerado empresarial del país, expresó su alarma por la situación en Pataz, afirmando que el Estado ha “perdido el control de la seguridad” en esa provincia y en otras zonas del país. En un duro comunicado, la Confiep calificó la matanza como parte de una “espiral de violencia” y comparó los hechos con las acciones cometidas por los grupos armados Sendero Luminoso y el MRTA durante el conflicto interno que dejó más de 69.000 víctimas en Perú entre 1980 y 2000.

La presión aumenta sobre el gobierno de Dina Boluarte para que tome decisiones contundentes ante un escenario cada vez más crítico en regiones donde la minería ilegal y el crimen organizado han ganado terreno. Mientras tanto, las familias de los mineros asesinados claman por justicia y medidas concretas que garanticen su seguridad.

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