Perú extiende el estado de emergencia en el corredor minero y se esperan nuevas protestas

Los organizadores de las nuevas protestas, denominadas "La tercera toma de Lima", planean movilizar a miles de personas hacia la capital del país

Perú ha extendido el estado de emergencia en las principales redes viales del país por 30 días, incluyendo una carretera utilizada por importantes productoras de cobre. Esta medida se toma en medio de la preparación de nuevas protestas contra el Gobierno. Desde la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado, Perú ha sido escenario de protestas y tensiones políticas. Ahora, con la extensión del estado de emergencia, se busca garantizar la libre circulación de personas y evitar posibles disturbios durante las festividades patrias y las próximas movilizaciones.

El contexto de las protestas y el estado de emergencia

Las protestas en Perú se desencadenaron después de la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, quien intentó ilegalmente disolver el Congreso. Tras su expulsión, su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder. Sin embargo, estas acciones generaron tensiones y manifestaciones que se extendieron hasta marzo. Ahora, diversos grupos de izquierda y sindicatos han anunciado nuevas protestas para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y una nueva Constitución.

El impacto en la industria del cobre

El estado de emergencia afecta particularmente al llamado corredor minero en Perú, donde se encuentran importantes productoras de cobre como Las Bambas, Antapaccay y Constancia. Estas empresas tuvieron que suspender sus operaciones en el pasado debido a bloqueos de carreteras y protestas, lo que tuvo un impacto significativo en la producción y exportación de cobre, ya que Perú es el segundo mayor productor mundial de este metal.

Los organizadores de las nuevas protestas, denominadas "La tercera toma de Lima", planean movilizar a miles de personas hacia la capital del país. Se espera que estas movilizaciones se concentren principalmente en el sur de Perú, donde se ubican las principales minas. Ante esta situación, el gobierno ha anunciado medidas de seguridad, desplegando a 8.000 agentes de policía para evitar disturbios y controlando el ingreso a Lima desde otras regiones del país.

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