Royalty minero: Conoce el protocolo de acuerdo firmado por el Gobierno y los parlamentarios

Durante la tramitación del proyecto en el Senado, el Gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo y de este modo, avanzar en el desarrollo de la industria minera.

Durante su tramitación del proyecto -ya aprobado- del royalty minero en el Senado, el Gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para avanzar en otros temas asociados al desarrollo del sector y las regiones del país. 

El primero corresponde a las medidas en la Ley de Presupuestos 2024 - 2025, donde se planteó un fondo puente de apoyo a las regiones y municipios para 2024, por el 50% del aporte que éstos percibirán con cargo al Royalty Minero desde 2025. Esto equivale a US$ 112,5 millones a beneficio de los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo; US$ 85 millones para el Fondo de Equidad a distribuir entre las comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal; y US$ 27,5 millones a beneficio del Fondo de Comunas Mineras.

También se agregó un fondo plurianual para la Seguridad Ciudadana en la Ley de Presupuestos de 2024. A este fondo se agregará un aporte de US$ 350 millones anuales por tres años a cuenta del Royalty Minero, desde 2025. Y, por último, establecer un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva en las regiones del norte del país (Arica y Parinacota a Coquimbo), que no sean abordables en su integridad por los gobiernos regionales. Para esto se contemplarán recursos por un promedio de US$ 200 millones anuales en las leyes de presupuestos de 2024 a 2026.

El segundo, son las medidas en el proyecto de ley Regiones Más Fuertes, el cual consta de una revisión de la fórmula de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; obligación de información, transparencia y auditoría de los gastos de inversión y operación de los gobiernos regionales, además de la evaluación de los programas que ejecuten; y una actualización de los criterios para la distribución del Fondo Común Municipal, incluyendo ajustes de población, indicadores socioeconómicos, tales como pobreza multidimensional.

El tercero, y último acuerdo, corresponde al fortalecimiento de instituciones ligadas a la minería: Donde integra la coordinación de instituciones fiscalizadoras en relación con la tributación minera, generando mecanismos de colaboración e intercambio de información permanente entre el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Asimismo, está la coordinación de la seguridad en faenas mineras, dando cuenta de situaciones que pudieran poner en peligro la integridad de trabajadores e instalaciones industriales.

Y, finalmente, la reducción de plazos para la aprobación de proyectos mineros. Se adoptarán las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental. Para ello se constituirá una mesa técnica que en los próximos 60 días identifique las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir dicho objetivo. Se encomendará a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad construir la línea de base y reportar los avances en el logro de esta meta.

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