Comunidades aseguran que NuevaUnión comenzó actividades sin ingresar a evaluación ambiental

Los reclamantes aseguraron que existe un fraccionamiento del proyecto minero de la empresa Teck y Newmont Goldcorp, para no ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite dos reclamaciones realizadas por parte de la Comunidad Diaguita Huasco Altinos y por diversos habitantes de la cuenca del Río Huasco, quienes aseguran que el proyecto minero NuevaUnión comenzó a realizar actividades sin ingresar a evaluación ambiental.

NuevaUnión es una iniciativa minera de cobre y molibdeno de la empresa Teck y Newmont Goldcorp, cuyos yacimientos se ubican en la Provincia de Huasco, región de Atacama. El proyecto busca generar una producción anual de 224.000 toneladas de cobre, 269.000 onzas de oro y 1.700 toneladas de molibdeno durante los primeros cinco años de actividad de la mina.

Ante esto, los reclamantes aseguraron que la empresa estaría efectuando sondajes sin contar con la evaluación de impacto ambiental del proyecto y que se estarían afectando sectores no evaluados ambientalmente, por lo que se generaron causas en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo que archivó las denuncias efectuadas por las organizaciones. 

Los fundamentos entregados dicen relación, por una parte, con los sondajes que realizaría la minera y el eventual fraccionamiento del proyecto para eludir el ingreso vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Además del inicio de diversas obras, junto con el vertimiento de aguas desde el túnel de exploración, que evidenciarían que el proyecto minero comenzó a ejecutar actividades.

Afectación al ecosistema

Tanto los comuneros Huasco Altinos, como los vecinos de la cuenca del Huasco, afirmaron que para contabilizar la totalidad de los sondajes realizados se excluyeron los que fueron efectuados en plataformas antiguas, relacionadas al proyecto minero El Morro. También, se denuncia que “podrían provocar o estarían provocando una grave afectación a la calidad de las aguas, a los ecosistemas frágiles como las vegas altoandinas, a la fauna protegida, sitios arqueológicos y a la vida de crianceros, entre otros”.

Este impacto sería consecuencia de la realización de al menos 193 sondajes que, de acuerdo a lo estipulado en ambas reclamaciones, no cuentan con evaluación ambiental a pesar de que la ley establece que dicho tipo de proyectos deben ingresar al SEIA, con el fin de evaluar y evitar impactos ambientales. 

“Pese a la solidez y gravedad de la información, la SMA decidió desestimar toda fiscalización en terreno, de esta forma no tomó ni siquiera análisis de aguas, no corroboró en terreno el número de sondajes y sus impactos”, aseguró la reclamación de los vecinos.

En ese mismo sentido, la comunidad diaguita estableció en su escrito que “la SMA no ha considerado en este procedimiento el hecho de que las denuncias solo son una manera de conocer sobre posibles infracciones, recayendo en ella el deber de fiscalizar y constatar que los titulares cumplan con los compromisos contemplados en las resoluciones de calificación ambiental”.

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Denuncias presentadas

La denuncia presentada ante el organismo fiscalizador por los habitantes del Río Huasco en mayo de 2019 “acusa la realización de sondajes sin pasar por un proceso de evaluación correspondiente, lo cual lleva al indeseable escenario que no es posible tomar las medidas necesarias para la preservación del ecosistema en general, y del recurso hídrico, flora y fauna en particular”.

En tanto, la comunidad indígena Huasco Altinos presentó dos denuncias ante la SMA: La primera en febrero de 2017 y la segunda en enero de 2018; y además de entregar el mismo argumento respecto a los sondajes, explica que el 2017 la comunidad tomó conocimiento de diversos trabajos que se estaban realizando en el área del antiguo proyecto El Morro -hoy proyecto Nueva Unión-, sin haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.

En ese mismo ámbito, la comunidad diaguita asegura que hay un fraccionamiento del proyecto con el fin de evitar la evaluación ambiental.

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