Crisis económica y avance minero amenazan a comunidades indígenas en Bolivia

El deterioro económico ha intensificado la presión sobre los territorios indígenas, mientras el gobierno apuesta por la minería y el litio como salvación fiscal.

La crisis económica en Bolivia ha acelerado la presión sobre los territorios indígenas, generando tensiones internas y amenazas ambientales en nombre del crecimiento. En un escenario marcado por la escasez de divisas, la falta de combustibles y el colapso del sector gasífero, el gobierno de Luis Arce ha profundizado su apuesta por la minería, el litio y la expansión de los hidrocarburos como principales fuentes de financiamiento estatal.

Aunque la administración sostiene que estos proyectos impulsarán la economía, líderes indígenas como Ruth Alipaz, del pueblo Uchupiamona, denuncian que nuevamente son las comunidades quienes pagan el costo. "Es un patrón que se repite: minería, petróleo, litio... siempre terminamos perdiendo nuestros territorios", declaró a Diario Uno.

Minería, litio y hidrocarburos como tabla de salvación

El gobierno boliviano ha relanzado proyectos como el litio en los salares de Uyuni y Pastos Grandes, plantas de biodiésel y exploraciones petroleras incluso en áreas protegidas. Sin embargo, los resultados son limitados y las tensiones crecen. La minería del oro sigue avanzando sobre territorios indígenas, con impactos ambientales severos y escasa distribución de beneficios económicos, según denuncian especialistas y organizaciones locales.

Desde la ONG Probioma advierten que el litio tampoco está exento de controversia. Comunidades como Mallku Villamar, en el sudoeste de Potosí, temen por el uso del agua y la contaminación asociada a las plantas industriales. “Nos preocupan los químicos y la falta de información”, señaló el dirigente Leonel Ramos.

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Un tema central es el acceso restringido a la información. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) limitó desde 2023 la disponibilidad de datos públicos sobre concesiones, dificultando la participación informada de las comunidades.

A esto se suma la persecución y criminalización de líderes indígenas y campesinos que resisten el avance de la minería. Organizaciones como Contiocap registran más de 270 casos de hostigamiento, que incluyen demandas judiciales y violencia física.

Minería sin desarrollo real

Expertos como Alfredo Zaconeta, del Cedla, cuestionan que la minería deje pocos beneficios fiscales y profundos pasivos ambientales. "La minería no puede ser el único camino. Necesitamos discutir un modelo de desarrollo que no sacrifique los derechos de las comunidades ni el medio ambiente", advierte.

Mientras tanto, el país sigue atrapado entre el colapso económico y una estrategia extractivista que amenaza con profundizar las divisiones sociales y los conflictos territoriales.

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