Perú reevalúa su sistema de formalización minera tras polémica por figura “hereditaria” del Reinfo

La medida generó acusaciones de inconstitucionalidad, mientras el Ejecutivo insiste en que busca evitar la ilegalidad en operaciones.

La figura de “sucesión familiar” en el Reinfo aprobada recientemente en Perú ha generado una ola de críticas parlamentarias, poniendo en entredicho el proceso de formalización minera artesanal y de pequeña escala. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, debió acudir al Congreso para justificar la medida y abrió la puerta a su eventual modificación.

Durante una extensa sesión de más de tres horas en la Comisión de Energía y Minas, el ministro defendió el Decreto Supremo N°009-2025-EM, indicando que la medida no crea un nuevo derecho, sino que extiende una interpretación ya contemplada desde 2017. Aun así, admitió que si se encuentran errores, "se pueden rectificar".

El decreto permite que, tras el fallecimiento de un titular, su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) pueda ser continuada por un familiar, lo que ha sido interpretado por sectores políticos como la creación de un “Reinfo hereditario”.

Críticas y acusaciones constitucionales

La reacción en el Congreso fue inmediata. Diversos parlamentarios calificaron la norma como un “estropicio jurídico” y anunciaron denuncias constitucionales contra el ministro Montero y la presidenta Dina Boluarte, por presunta transgresión a la Ley N° 32213. El argumento central es que un decreto supremo no puede crear derechos no establecidos en la legislación madre.

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Actualmente, de los 85 mil inscritos en el Reinfo, más de 60 mil se encuentran suspendidos, situación que el Ejecutivo considera crítica y que busca resolver con el nuevo marco normativo. Montero adelantó que el Reinfo desaparecerá en 2026 y será reemplazado por una nueva legislación orientada a regular la minería artesanal y de pequeña escala en Perú.

Una lección regional sobre trazabilidad minera

Desde Chile, donde también existen desafíos en torno a la fiscalización de la minería de pequeña escala, el debate peruano ofrece una advertencia. La extensión de plazos sin mecanismos eficaces de control puede abrir espacios para la legalización de actividades informales.

La discusión sobre el control ambiental, la trazabilidad del mineral y los derechos sociales asociados a la actividad minera cobra fuerza en toda la región, especialmente en contextos donde las operaciones familiares conviven con la informalidad o directamente con la ilegalidad.

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