Golpe a red criminal que robaba y exportaba cobre: 15 imputados quedan en prisión preventiva

La organización operaba desde Calama hasta Santiago, acopiando cobre robado para exportarlo a India y Bélgica. Entre los formalizados está Francisco San Martín, exprecandidato del Partido Republicano.

Un duro golpe económico y judicial recibió una organización criminal dedicada al robo, comercialización y exportación ilegal de cobre. Tras una investigación de un año y medio encabezada por la Fiscalía Regional de Coquimbo y la PDI, se logró formalizar a 20 imputados, de los cuales 15 quedaron con prisión preventiva.

El Fiscal Regional Patricio Cooper valoró el operativo como un avance clave contra el crimen organizado y destacó la incautación de 10 vehículos, más de 160 millones de pesos y bienes asociados al lavado de activos. El caso fue denominado “Operación Oro Rojo” por su alcance interregional, involucrando delitos en Calama, Coquimbo, Valparaíso y Santiago.

Francisco San Martín, hoy en prisión preventiva, no solo figuraba como empresario local, sino que también mantenía vínculos políticos con el Partido Republicano, colectividad liderada por José Antonio Kast. Según reportes de prensa, San Martín fue precandidato a alcalde por Coquimbo y cedía su residencia en el sector de Peñuelas para reuniones del partido.

Exportaban cobre robado a India y Bélgica

La banda obtenía cobre robado, lo acopiaba en Coquimbo y luego lo enviaba a fundiciones en Santiago, desde donde se exportaba en forma de cables a India y Bélgica. El jefe regional de la PDI, prefecto inspector Ernesto Bórquez, detalló que todo comenzó con un caso de receptación en La Serena.

Entre los formalizados está Francisco San Martín Álvarez, empresario de Coquimbo y exprecandidato a alcalde por el Partido Republicano. Según antecedentes, San Martín cedía su casa en Peñuelas para reuniones del partido y fue capturado el pasado miércoles, acusado de ser líder de la organización criminal.

Además de San Martín, otros 14 imputados fueron formalizados por asociación ilícita, receptación y lavado de activos. La Fiscalía también solicitó orden de detención contra otros dos involucrados. El juzgado otorgó 90 días para el cierre de la investigación, que incluye peritajes a celulares incautados.

El Director Regional de Aduanas, Pablo Zambrano, destacó la colaboración interinstitucional para enfrentar el robo de cobre, mientras el Delegado Presidencial Galo Luna advirtió que este delito “afecta gravemente la conectividad y calidad de vida en zonas rurales de la región”.

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