81% de los peruanos considera que la minería ilegal es una amenaza para la seguridad nacional

Encuesta Ipsos revela también que la mayoría rechaza la suspensión total de las actividades mineras en Pataz y exige reemplazar el Reinfo por un sistema más estricto y eficaz.

Una reciente encuesta de Ipsos Perú, realizada el 8 y 9 de mayo de 2025, reveló que el 81% de los peruanos cree que la minería ilegal representa una amenaza para la seguridad nacional, en el contexto de la crisis de violencia que afecta a la provincia de Pataz, en la región La Libertad.

El sondeo, encargado por Perú21, muestra un alto consenso nacional, con un 82% en Lima, mientras que solo un 15% considera que este flagelo no es una amenaza. La minería ilegal y el crimen organizado fueron protagonistas del reciente asesinato de 13 trabajadores mineros en un socavón clandestino, crimen que ha puesto en el centro del debate las políticas de seguridad y minería del gobierno de Dina Boluarte.

Rechazo a la suspensión total de la minería en Pataz

Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo se incluye el estado de emergencia en Pataz, con toque de queda y la suspensión total de las actividades mineras por 30 días. Sin embargo, esta última medida no cuenta con amplio respaldo ciudadano.

El 43% de los encuestados cree que la minería debe continuar, pero con mayores medidas de seguridad. Otro 28% propone suspender solo la minería informal, manteniendo operativas las compañías formales. Apenas el 26% respalda una suspensión total en la zona afectada.

Mayor control y reemplazo del Reinfo

El sondeo también arroja que el 81% de los ciudadanos exige el reemplazo del Reinfo, el registro que ha sido duramente criticado por facilitar la cobertura legal a operadores ilegales. Los encuestados piden un nuevo sistema de control más estricto y con mayor fiscalización.

El Ejecutivo ha propuesto la instalación de una base militar en Pataz, medida que cuenta con 81% de respaldo a nivel nacional, según el mismo estudio.

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La encuesta también muestra que el 47% de la población responsabiliza al gobierno por la crisis de seguridad en Pataz, seguido de los mineros ilegales (31%), el Congreso (30%), las bandas criminales (29%) y la Policía Nacional (28%).

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