Tres barreras para desarrollar la minería en Argentina

El centro de estudios Fundar indica que, a diferencia de Chile, Argentina “limita su vinculación con políticas de desarrollo productivo”.

Un documento publicado por el centro de estudios Fundar de Argentina indica que existen tensiones a raíz del régimen de gobernanza de la minería para la implementación de políticas de desarrollo productivo en torno al litio. 

Los investigadores precisan que el loteo de responsabilidades entre el nivel nacional y provincial, el foco de la política de ciencia y tecnología en los eslabones más desarrollados de la cadena de valor y la barrera de gobernanza socioambiental del litio, ponen en duda el desarrollo de la actividad a futuro. 

Argentina cuenta actualmente con 19 proyectos litíferos avanzados, ubicados en Jujuy, Catamarca y Salta, con una capacidad instalada que ronda las 38.500 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE), lo que la convierte en el cuarto productor mundial. 

Contrate con Chile

El documento del centro de estudios explica que “existe un contrate importante” en la política tributaria de Argentina, con respecto a otros países, por ejemplo, Chile. 

“Cuando se analiza la estructura impositiva de la minería de litio se observa también que Argentina tiene menos capacidad de recaudación que otros países de la región ya que carece de instrumentos progresivos para gravar la renta o precios extraordinarios". 

Además, agrega que se “limita su vinculación con políticas de desarrollo productivo”, debido a que los impuestos recaudados sobre la actividad no son de asignación específica. A diferencia de Chile, donde "parte de lo recaudado en la minería del litio se destina a financiar actividades de I+D para el procesamiento y transformación del recurso”. 

Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera, que “asigna competencias y recursos entre niveles de gobierno de maneras que plantean desafíos muy importantes para la implementación de políticas de desarrollo productivo en torno al recurso”, menciona el informe. 

"Es políticamente poco probable que se modifique el régimen de concesiones que se deriva del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales ratificado por la Constitución de 1994. El desafío es entonces coordinar las políticas entre distintos niveles de gobierno de manera de atender a las tensiones y desbalances”, indica el documento de Fundar. 

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