Primer Tribunal Ambiental revisa continuidad de faenas de Quiborax en el Salar de Surire

Discusión sobre medidas cautelares se centra en viabilidad de la empresa y protección del ecosistema en sitio Ramsar.

En una nueva audiencia clave para el futuro de las operaciones de extracción de ulexita en el Salar de Surire, el Primer Tribunal Ambiental analizó la solicitud de la empresa Quiborax para modificar la medida cautelar que mantiene suspendidas sus faenas en este ecosistema protegido de la Región de Arica y Parinacota. La demanda fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunto daño ambiental en un sitio declarado de importancia internacional bajo la Convención Ramsar.

Revisión de medidas cautelares

La medida cautelar, dictada en septiembre de 2024, ordenó la paralización total de las operaciones dentro de los límites del Salar de Surire hasta el 31 de diciembre del mismo año. Sin embargo, el tribunal autorizó de forma excepcional actividades acotadas como la nivelación de áreas intervenidas y el retiro de material previamente extraído, plazo que se extendió hasta el 31 de mayo de 2025.

Ante el vencimiento de esa autorización, Quiborax solicitó reactivar parcialmente sus labores bajo un régimen de extracción restringido, además de prorrogar el tiempo para transportar el mineral acopiado.

Argumentos de las partes

El abogado de Quiborax, Ignacio Mujica, argumentó que la continuidad de la medida cautelar pondría en riesgo la supervivencia de la empresa, actualmente al borde de la insolvencia. “Lo que buscamos es evitar el cierre definitivo, que implicaría la liquidación del patrimonio incluso antes de una sentencia. Apostamos por una operación mínima que permita mantener empleos, compromisos con proveedores y comunidades indígenas”, indicó.

Postura similar expresó Hugo Botto, abogado de las comunidades indígenas del Salar de Surire, quien remarcó el impacto social de la paralización. “Estamos ante una situación angustiante para las comunidades que, aunque no sean parte directa, serán directamente afectadas por lo que aquí se decida”, sostuvo.

Consejo de Defensa del Estado insiste en mantener suspensión

El CDE, representado por el abogado Osvaldo Solís, reiteró la necesidad de mantener las actuales medidas cautelares, permitiendo exclusivamente el transporte del mineral ya acopiado y actividades de nivelación, hasta que se dicte una sentencia definitiva.

En la misma línea, el abogado Antonio Pulgar, en representación de terceros coadyuvantes del CDE, enfatizó la falta de garantías suficientes para evitar un nuevo impacto ambiental en un ecosistema sensible. “Se requiere mejorar los controles, medición de caudales y mecanismos de reporte sobre las medidas de mitigación del material particulado”, explicó.

Decisión pendiente

Ahora, el Primer Tribunal Ambiental deberá resolver si aprueba el nuevo régimen de operación solicitado por Quiborax, mantiene las medidas vigentes o las deja sin efecto hasta que exista una resolución judicial definitiva. La decisión podría marcar un precedente en cuanto al equilibrio entre actividad productiva y resguardo ambiental en zonas protegidas.

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