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Por Verónica González Encina , 15 de junio de 2022 | 12:06

CC aprobó transición de forma inmediata de derechos de agua a autorizaciones de uso

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El pleno de la Convención aprobó el artículo de la comisión de Normas Transitorias que establece que, a partir de que comience a regir la nueva Carta Magna, los derechos de agua pasarán a convertirse en autorizaciones.

Este martes 14 de junio, el pleno de la Convención Constitucional llevó a cabo la votación del último informe de la comisión de Normas Transitorias, en donde uno de los artículos aprobados fue la transición de todos los temas relacionados a las aguas. 

En la instancia, con 103 votos a favor, 38 en contra y cinco abstenciones, el pleno aprobó la norma que establece que los derechos de aguas pasarán a ser autorizaciones de uso al momento que comience a regir la nueva Constitución. "Todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución”, indica el texto aprobado e ingresado por la convencional Jennifer Mella (FA).  

Además se añade que “mientras no se dicte la legislación ordenada en el artículo transitorio anterior, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas en materia de constitución y extinción de autorizaciones de conformidad a esta constitución, sin perjuicio de los procesos de revisión y ajuste de los caudales a ser redistribuidos en cada cuenca".

Asimismo, convencionales dieron el visto bueno a la norma que le otorga el plazo de un año al Presidente de la República para enviar un proyecto de ley que cree la Agencia Nacional de Aguas y que modifique la normativa sobre autorizaciones de uso de aguas. Además, se aprobó que “mientras no entre en vigencia dicha ley, las funciones de la Agencia Nacional de Aguas serán asumidas, en lo que respecta a sus competencias, por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que actuará en coordinación con los organismos públicos competentes y con el apoyo de los gobiernos regionales”. En esa misma línea, también se aprobó que “en el caso de que no se dicte esta ley en el plazo de dos años, el Poder Legislativo tramitará el proyecto de ley según las reglas de discusión inmediata vigentes al cumplimiento de dicho plazo”.

Junto con la serie de artículos que pasarán a la comisión de Armonización, las y los convencionales respaldaron la indicación que establece varias reglas “mientras no se dicte la normativa pertinente, o en el plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

¿Cuáles serán las reglas?

La primera de ellas establece que, antes de la autorización de la Dirección General de Aguas (DGA), “se podrán autorizar cambios de titularidad en las autorizaciones administrativas de uso aguas o actos jurídicos que impliquen que una persona distinta de la titular las ejerza, siempre que estén fundadas en la satisfacción del derecho humano al agua y al saneamiento, o la disponibilidad efectiva de las aguas (...) Dicho acto administrativo deberá ser fundado y deberá inscribirse en el Catastro Público de Aguas a que se refiere el artículo 112 del Código de Aguas”.

La segunda regla puntualiza que “los gravámenes constituidos conforme al artículo 113 del Código de Aguas antes de la fecha de publicación de esta Constitución, seguirán vigentes en los términos que establece su inscripción, hasta la regulación de esta materia en la ley ordenada en el artículo transitorio anterior”. 

Asimismo, se consigna que "las autorizaciones de uso de aguas otorgadas, constituidas, regularizadas o reconocidas antes de la entrada en vigencia de esta Constitución se sujetarán a las normas del derecho común para efectos de su transmisibilidad por causa de muerte, hasta la regulación de esta materia en la ley ordenada en el artículo transitorio anterior”.

Por último, se estableció que “con el objeto de asegurar la continuidad del servicio y el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento establecidos en el artículo 294, y mientras no se dicte la ley indicada en el artículo transitorio anterior, se mantendrán en vigor los actos jurídicos que tengan por objeto contar con agua para abastecer sectores urbanos, asentamientos rurales, cooperativas y comités de Agua Potable Rural, destinados exclusivamente al consumo humano o al saneamiento, suscritos con titulares de autorizaciones de aguas o con organizaciones de usuarios de aguas, sin perjuicio de la revisión y autorización de la Dirección General de Aguas”.

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