El gran reto de la industria minera es sentar a empresarios, gobierno y comunidades en la misma mesa

La producción de cobre de las minas chilenas irá en descenso a partir de 2024

Para mantenerse como un actor clave en el negocio minero, Chile necesita crear políticas públicas que entreguen certeza jurídica a inversionistas locales y extranjeros, pero también a las comunidades que hacen vida cerca de los proyectos mineros; esa fue la conclusión de una conferencia organizada por la consultora británica CRU, en Santiago, para conocer qué ocurrirá con la industria a 2040.

Estimaciones de CRU apuntan a que la producción de cobre de las minas chilenas irá en descenso a partir de 2024, por lo que la continuidad el negocio minero dependerá de la intención que tengan empresarios, gobierno y comunidades de sentarse en la misma mesa para abordar la situación.

“Chile mantiene una robusta cartera de proyectos en operación, pero en 2024 alcanzará el peak de 7 millones de toneladas y luego comenzará a caer”, dijo la CEO de CRU, Rebecca Gordon, durante una conferencia en Santiago.

A pesar de la respuesta que ha mostrado el mercado ante el desempeño del precio del cobre, el riesgo de déficit en la demanda mundial sigue latente y los pronósticos apuntan a que alcance ocho millones de toneladas para 2030, incrementándose a 12 millones de toneladas en 2035.

De acuerdo con proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre, 31 proyectos valorados en más de 65 mil millones de dólares serán ejecutados a 2028 y, de acuerdo con CRU, si esos proyectos avanzan la 
inversión tendrá que aumentar a 80 mil millones de dólares.

Jorge Cantallopts conversó sobre el incremento en las inversiones mineras

“Los grandes proyectos necesitan una mejor visión del desempeño de los mercados para atraer financiamiento incluso en el caso de las grandes compañías (…) y el acceso al financiamiento depende de las licencias ambientales, sociales y gubernamentales que haya alcanzado la compañía”, dijo Rebecca Gordon.

“El manejo del riesgo es lo que no permite que Chile tenga un mejor desempeño en el negocio minero”, dijo Mauro Valdés, presidente de la Corporación Alta Ley.

Valdés considera que únicamente a través de una conversación con puntos de vista en común entre gobierno, empresas y comunidades, Chile podrá incorporar regulaciones que reduzcan el riesgo de inversión e incrementen la certeza jurídica.

“Chile necesita generar consenso sobre los problemas que enfrenta la industria si quiere alcanzar un mejor desempeño (…) El consenso social debería ser la base de las políticas públicas”, dijo.

Perdiendo liderazgo

Entonces, para mantenerse a la cabeza de la industria global, Chile está obligado a tomar decisiones relacionadas con la aprobación de permisos, credenciales sociales y ambientales, acceso a financiamiento y control de costos de cara a las menores leyes del mineral y a su creciente dificultad de extracción.

Con relación al éxito de los proyectos mineros, la gerente de desarrollo de la consultora chilena EBP, Annie Dufey, enfatizó que las comunidades deben formar parte de la planificación de los proyectos para que se sientan parte de las iniciativas.

Sin embargo, para el abogado Matías Desmadryl, las soluciones a los conflictos con las comunidades representan un gran signo de interrogación. “Estamos a merced de lo que el gobierno decida”, dijo.

Para el especialista en conflictos ambientales, los legisladores chilenos deberían hacer un diagnóstico de primera mano sobre cada reto que enfrenta la industria pues, en ocasiones, los proyectos de ley que son llevados a discusión carecen de fundamentos técnicos.

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