Distorsión del mercado eléctrico

Pese al auge de las energías renovables, el precio de la luz en Chile sigue al alza, presionado por contratos heredados, costos de transmisión y el descongelamiento de tarifas que estuvieron años fijas por ley.

Aunque actualmente un 68% de la matriz eléctrica en Chile proviene de fuentes renovables, los precios de la electricidad continúan subiendo, generando cuestionamientos sobre por qué estas tecnologías más económicas no logran consolidarse como una alternativa de menor costo para los consumidores.

Pese a que la inversión en energías renovables es considerablemente más baja que en tecnologías fósiles tradicionales, los costos operativos y logísticos, como el transporte de energía desde zonas remotas de generación hasta los centros de consumo, han elevado los costos del sistema.

Este escenario se complejiza por la coexistencia de contratos eléctricos antiguos y nuevos. Si bien en el mercado mayorista predomina la energía renovable, en el sistema de contratos aún persiste una mezcla importante de acuerdos ligados a fuentes térmicas e hidroeléctricas. Esto implica que el beneficio del menor costo de generación renovable no se refleja plenamente en los precios finales para los usuarios regulados.

Además, la prolongada congelación de tarifas desde 2019 —primero por razones sociales y luego por la pandemia— acumuló un desfase importante. Durante ese tiempo, la inflación siguió avanzando sin ser traspasada a las tarifas. A esto se sumó la implementación de la ley de 2016, activa desde 2018, que modificó el sistema de cobro del transporte eléctrico, trasladando directamente ese costo al consumidor final mediante el sistema conocido como "estampillado".

Expertos advierten que más que revertir estos cambios, lo urgente es hacer que el sistema sea realmente eficiente. Esto implica incorporar señales de localización en la planificación eléctrica, para que quienes deciden instalarse en zonas alejadas asuman parte del costo de transmisión. Aunque este representa solo entre un 10% y 12% de la tarifa, se considera clave para lograr un sistema más equitativo y sostenible, donde los incentivos económicos estén alineados con el desarrollo racional de la infraestructura energética.

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