Comisión investigadora de la Cámara Baja cuestionó licitación del Instituto de Tecnologías Limpias

Entre las conclusiones, se critica el proceso de selección y adjudicación, en particular, lo relativo al cambio de criterios que favorecieron en el puntaje al postulante ganador.

Con el objetivo de indagar sobre los actos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y otras autoridades respecto del proceso de licitación para la creación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), el pasado 2 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la conformación de una comisión investigadora. 

Por este motivo, este 5 de abril, el resultado de la investigación, el cual cuestiona el procedimiento realizado en la Etapa de Solicitud de Propuestas para el ITL, fue presentado ante la Sala y aprobado por 112 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones. 

Modificación de criterios

Uno de los puntos se relaciona con el carácter político y no técnico de la Comisión Evaluadora, así como su accionar. Esta entidad interlocutora entre la unidad técnica y la instancia fue la que tomó la decisión de asignación. 

Asimismo, la investigación indicó que “a pesar de que los evaluadores expertos internacionales sostuvieron que la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley, como mandataria de las entidades agrupadas en ASDIT, era superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de AUI, se hizo ‘caso omiso a dicha evaluación y se modificaron los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la primera y se aumentaron las obtenidas por la segunda, por parte del comité evaluador nacional’”.

En ese contexto, el documento afirmó que se cometió un error no subsanado al momento de entregar información “poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto”. Así, se aminoró el aporte del consorcio chileno en US$37 millones, cuando en realidad ascendía a US$84 millones. 

Cuestionamientos a Pablo Terrazas

En la Sala se calificó como “sumamente grave” las acusaciones de intervención del ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Pablo Terrazas. Lo anterior, “considerando variadas inhabilidades que pesaban en su actuar por ser parte de los directorios de las entidades postulantes. Además, se remarca que sus actuaciones tendieron a ‘limitar los recursos de la propuesta y entregar información falsa a los ministros y subsecretarios que conformaron el Consejo de Ministros’”.

Se recuerda que la propuesta ganadora (AUI) se adjudicó US$143 millones, cifra exacta postulada a licitación por este consorcio de universidades extranjeras. Mientras, la del consorcio de universidades nacionales (ASDIT) fue por el total del monto a licitar US$ 193 millones, tal como era la disponibilidad de recursos ofrecida en la convocatoria y establecido en el contrato con SQM como aporte de I+D para el ITL.

La relevancia de esta situación radica en que, en una reunión previa, Terrazas sugirió el cambio del monto a entregar. Así, planteó derivar US$50 millones del dinero entregado por SQM a proyectos de investigación científica temprana. Además, se destaca que ya se contaba con la evaluación en julio 2020 de los expertos internacionales y ya se había celebrado la sesión del 15 de octubre de 2020, en donde el comité evaluador nacional modificó los puntajes obtenidos, favoreciendo la opción de AUI.

La Comisión concluyó que existió una acción concertada por parte de la institucionalidad y refutó la participación de Terrazas. “Se han cometido, al menos, faltas al principio de probidad que rige la actuación de los actos de los organismos públicos (…). Bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que han resultado ser claves para la adjudicación del proyecto”, se especificó.

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