La geopolítica del valor agregado: Litio y el lugar que Chile aún puede ganar

Columna realizada por el académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la U.Central Región de Coquimbo, Fred Camus.

Cuando el precio del litio se disparó a niveles récord en 2022, muchos pensaron que estábamos ante una oportunidad histórica para transformar la estructura productiva de Chile. El llamado "oro blanco" prometía no solo exportaciones millonarias, sino también una nueva era de industrialización verde, encadenamientos productivos e innovación tecnológica. Sin embargo, apenas tres años después, la escena ha cambiado drásticamente: los precios han caído más de un 80%, inversiones emblemáticas se han detenido y los proyectos industriales que se pensaban como símbolo del futuro enfrentan un presente de incertidumbre. ¿Cómo entender esta brusca transición? ¿Y, sobre todo, cómo reaccionar de manera estratégica para que Chile no quede relegado en una industria que seguirá siendo clave para la transición energética global?

Lo primero es comprender la magnitud del ajuste. El precio del carbonato de litio, que llegó a superar los 80 mil dólares por tonelada en 2022, ronda hoy los 10 mil. Este desplome tiene explicaciones claras: una expansión demasiado rápida de la oferta, una desaceleración temporal en la demanda de vehículos eléctricos y un ajuste de inventarios por parte de los grandes fabricantes de baterías. Pero también revela una realidad incómoda: el mercado global del litio es volátil, dominado por estrategias geopolíticas (particularmente de China) y con un nivel de madurez institucional aún bajo. En este nuevo escenario, los países que se adapten con agilidad y visión serán los que capten la próxima ola de inversión. Las proyecciones al 2030 indican que la demanda global podría superar los 2,5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), más del triple del consumo registrado en 2023, según la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Argentina parece haber entendido este juego. Con su Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), ha logrado movilizar más de 11.500 millones de dólares en proyectos de litio, muchos de ellos con valor agregado local y cronogramas de ejecución definidos. Solo el proyecto Rincón de Rio Tinto contempla una inversión de US$2.700 millones para producir 60.000 toneladas LCE anuales en Salta. Sumado a esto, empresas como Ganfeng, Livent y Posco están construyendo o ampliando operaciones en el norte argentino, proyectando en conjunto más de 250.000 toneladas LCE anuales hacia 2027, lo que posicionaría a Argentina como uno de los tres mayores productores globales. Además, estos proyectos incluyen plantas químicas en territorio argentino, es decir, agregan valor en origen y generan empleo local: se estiman más de 10.000 empleos directos e indirectos en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.

Australia, por su parte, combina velocidad en permisos con apoyo a la refinación doméstica y acuerdos estratégicos con potencias industriales. Con más de 300.000 toneladas LCE producidas en 2023, lidera la producción mundial y ha establecido refinerías de hidróxido de litio en Kwinana y Kemerton, apoyadas por Tianqi, Albemarle e IGO Ltd. Además, cuenta con un fondo público de AUD 2.000 millones para financiar proyectos de minerales críticos y ha firmado acuerdos con EE.UU. y Japón para asegurar cadenas de suministro estables. Australia no solo extrae, también procesa e integra, y gracias a su política industrial clara, en 2023 logró exportaciones de litio por más de US$11.000 millones, superando en valor a la carne y el vino juntos. Cada planta de refinado genera entre 200 y 300 empleos permanentes, y muchas regiones como Australia Occidental están experimentando un auge económico ligado al litio.

Estados Unidos ha convertido la necesidad en política pública. El Inflation Reduction Act (IRA), aprobado en 2022, ha canalizado más de 100 mil millones de dólares hacia la construcción de una cadena completa de baterías, incluyendo subsidios directos a plantas químicas de litio, gigafábricas y hasta refinerías propias. Desde su aprobación, se han comprometido más de US$199.000 millones en inversiones vinculadas a electromovilidad, generando más de 200.000 empleos industriales. Tesla, por ejemplo, inició la construcción de una refinería de litio en Texas, y GM invirtió US$650 millones en Thacker Pass (Nevada), el mayor yacimiento de litio en arcillas del país. El Departamento de Energía ha entregado préstamos por más de US$2.200 millones a proyectos de litio, consolidando una estrategia que integra seguridad energética, reindustrialización y transición verde.

China, por otro lado, controla alrededor del 70% del refinado global de litio y más del 80% de la producción de baterías de ion-litio. Ha establecido un ecosistema verticalmente integrado que combina subsidios a la demanda (vehículos eléctricos), adquisiciones estratégicas en América Latina y África, y liderazgo tecnológico en refinación y fabricación. Empresas como CATL y Ganfeng no solo lideran la producción mundial de baterías y litio refinado, sino que también participan en yacimientos en Argentina, Zimbabue, Australia y Chile. En Zimbabue, por ejemplo, inversiones chinas han convertido al país en el cuarto productor mundial en apenas cinco años, y a pesar de operar con márgenes mínimos, aseguran volumen para su industria nacional.

Chile, en cambio, ha avanzado con cautela. La Estrategia Nacional del Litio busca dar al Estado un rol más activo, pero aún no se ha traducido en un flujo sostenido de proyectos nuevos. El acuerdo entre Codelco y SQM en el Salar de Atacama es una señal relevante, que proyecta extender la producción hasta 2060 y asegurar que el Estado capture el 85% del valor económico generado. Sin embargo, aún queda por definir el marco para nuevos salares, la formalización de la Empresa Nacional del Litio y, sobre todo, la capacidad del país para atraer inversiones industriales complementarias. Casos recientes muestran señales de alerta: BYD y Tsingshan declinaron participar en un programa del gobierno chileno que ofrecía precios preferenciales para la compra de litio, con la condición de desarrollar productos de valor agregado en el país, como baterías. Este revés evidencia que, más allá de las intenciones estratégicas, factores como la permisología, los plazos inciertos y la falta de claridad en los beneficios concretos siguen siendo un freno para escalar en la cadena de valor y captar inversiones que ya están fluyendo hacia países competidores como Argentina.

No se trata de abandonar la lógica de soberanía sobre los recursos ni de volver a la vieja minería extractiva. Se trata de actualizar nuestra propuesta: dar certezas, definir modelos asociativos concretos y, sobre todo, construir un entorno que premie la inversión productiva, limpia y tecnológica. Para ello, Chile debe implementar una reforma real a los permisos sectoriales, con ventanillas únicas y plazos definidos. También debe establecer mecanismos de incentivos tributarios y financieros para proyectos de valor agregado, como plantas de carbonato, hidróxido, cátodos o almacenamiento energético. Y, quizá más importante, avanzar en pilotos de extracción directa de litio (DLE) que reduzcan el impacto hídrico y aumenten la recuperación, haciéndonos más competitivos y sostenibles a la vez.

Esta no es una carrera solo por recursos, es una carrera por conocimiento, reputación y valor. El litio del futuro no será el que se exporta en sacos, sino el que se convierte en soluciones tecnológicas, empleos de calidad y bienestar territorial. Chile aún tiene la oportunidad de liderar, pero el tiempo corre y el mercado no espera. Los próximos dos años serán decisivos. Es momento de pasar del diagnóstico a la acción, de la estrategia a la ejecución. Porque la minería del futuro no se mide solo en toneladas exportadas, sino en el valor que deja en las personas, el conocimiento y los territorios que hace crecer.

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