Minería sustentable en la nueva Constitución

Opinión de Joel Carrizo, presidente de la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla y originario Colla.

Somos una familia de unos tres millones de chilenos y chilenas que nos sentimos orgullosos de ser parte del sector minero. Esta industria ha sido fundamental para el país, aporta más de la mitad de las exportaciones, un quinto de las inversiones, un décimo del PIB y casi un 10% del empleo directo e indirecto. Es y ha sido una actividad vital para las regiones del Norte y sus comunidades, es también parte indisoluble de su identidad cultural. Todo ello me ha tocado vivirlo y experimentarlo a lo largo de mi trayectoria como minero en Tierra Amarilla. 

Que este sector continúe aportando al desarrollo de todos y particularmente del norte y sus comunidades requiere de compromisos de largo plazo. Esto es así por la naturaleza de la actividad. Sus inversiones son altas, los plazos de recuperación de las mismas son extensos, sus resultados son inciertos -en particular de la actividad exploratoria-, y enfrenta multitud de riesgos -como son los geológicos, los naturales y los ciclos de precios-. Es por ello que si hay algo que necesita el sector minero es contar con reglas claras que le permitan proyectarse en el tiempo. No basta, en este sentido, que el país cuente con una generosa geología. Tan importante como aquello es que sea capaz de ofrecer horizontes de certeza y estabilidad, tanto al sector, como a los territorios donde ésta se desarrolla. 

Ciertamente uno de los medios que tiene el Estado para cumplir con estos propósitos es la Constitución y su normativa minera. Son éstas las que han permitido, durante las últimas décadas, el éxito del modelo minero chileno. Por lo mismo, lo que se discuta en la actual Convención será clave para el desarrollo de este sector en las siguientes décadas. 

En diciembre, la Convención Constitucional le entregó a la ciudadanía la posibilidad de presentar Iniciativas Populares de Norma, mecanismo mediante el cual personas o grupos de personas podían presentar propuestas de normas sobre alguna materia constitucional. Como Compromiso Minero -red que agrupa a más de 90 integrantes del ecosistema minero, que incluye proveedores, universidades, desarrolladores tecnológicos y empresas pequeñas, medianas y grandes-, presentamos la Iniciativa Popular de Norma (IPN) “Por una minería sustentable para Chile”. Esta contó con el apoyo de más de 24.000 personas y, sin embargo, al ser presentada ante la Comisión de Medio Ambiente, lamentablemente fue rechazada. 

¿Qué significa este rechazo? ¿Qué está en juego ahora? El desempeño positivo que ha tenido y tiene nuestra industria se ha explicado por la existencia de un sistema mixto, en el que conviven la minería pública con la privada, tanto nacional como extranjera, así como la pequeña, mediana y gran minería. Los espacios de colaboración siempre han estado presentes y la vocación común por mejorar continuamente el desempeño ambiental y social del sector.

En este sentido, uno de los ejes fundamentales de la propuesta que presentamos iba en línea con agregar, a las normas constitucionales mineras actuales, otras referidas a la protección medioambiental y al desarrollo social, con miras a la sustentabilidad del sector y del país. Además, la iniciativa quería subsanar una deuda actual que tiene el Estado con las regiones mineras, proponiendo que los ingresos que perciba el Estado por concepto de actividad minera también tuvieran como destino las comunas y zonas en las cuales ésta se desarrolla, permitiendo que las regiones se vean directamente beneficiadas. 

Todo ello con el propósito de continuar permitiendo el desarrollo en el tiempo de una industria que genera empleo en las regiones, crea valor en otros sectores productivos, fomenta la participación de mujeres, y aporta los minerales y metales que son necesarios para que el mundo enfrente el cambio climático. 

En esa línea, la decisión de los constituyentes implica cerrar la puerta a un desarrollo sostenible del sector minero a futuro, y no entrega certezas al sector, ni a la ciudadanía. Esperamos que los convencionales, que aún tienen margen de acción en el Pleno, puedan analizar los aspectos esenciales y fundamentales de esta iniciativa, y los considere al momento de deliberar el estatuto sobre minerales, de manera de permitir que la actividad pueda seguir aportando al país, sino que en especial a las comunidades y a los territorios en donde se desarrolla. 

Ellas conocen y han sido protagonistas de los esfuerzos de colaboración y trabajo conjunto con el sector, para crear valor compartido, e ir más allá del aporte económico del sector, promoviendo la movilidad, inclusión y diversidad, trabajando decidida e integradamente por el desarrollo del país, sus personas y especialmente de las futuras generaciones. 

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