Lupaka Gold amenaza con embargar activos del Estado peruano por laudo ICSID impago de US$67 millones

Lupaka Gold evalúa embargar activos estatales de Perú por un laudo ICSID impago que ya alcanza US$67 millones con intereses. La empresa apunta a bienes en el exterior y menciona a Petroperú entre posibles objetivos.

La minera canadiense Lupaka Gold (TSXV: LPK) elevó la presión sobre el Estado peruano al señalar que podría buscar el embargo de activos estatales si el país no paga el laudo arbitral que la compañía ganó por el cierre forzado de su proyecto aurífero Invicta, en la región al norte de Lima. La advertencia fue planteada por su presidente, Gordon Ellis, en declaraciones a Bloomberg.

El conflicto se remonta a 2018, cuando protestas y bloqueos comunitarios restringieron el acceso al proyecto, derivando en la paralización de la operación. Lupaka sostiene que el Estado no actuó de manera efectiva para contener la situación, argumento que llevó a la firma a iniciar un arbitraje internacional años más tarde.

Un laudo de US$65 millones que ya sube a US$67 millones con intereses

En junio de 2025, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) dictó el laudo que obliga a Perú a pagar una compensación a Lupaka. La empresa afirma que el monto, originalmente informado como US$65 millones, ya alcanza US$67 millones por acumulación de intereses y que, hasta ahora, no ha sido pagado.

Ante la falta de pago, la minera reportó que comenzó a identificar activos en el exterior que podrían convertirse en objetivos de embargo, y que incluso contrató investigadores para apoyar ese proceso.

Petroperú, barcos, inmuebles y pagos de bonos: los activos que menciona la compañía

En su entrevista, Ellis apuntó a Petroperú —la petrolera estatal— como uno de los posibles objetivos, mencionando sus compromisos financieros y flujos asociados a pagos de deuda. Además, sostuvo que entre los activos potencialmente embargables se considerarían barcos, bienes raíces y hasta pagos relacionados con bonos soberanos, en la medida en que existan mecanismos legales para perseguirlos fuera del país.

La estrategia de perseguir activos en jurisdicciones extranjeras es un camino que algunas compañías exploran cuando un Estado no cumple oportunamente un laudo, aunque su viabilidad depende del tipo de activo, su localización y las defensas legales disponibles.

El origen del caso: bloqueo en Invicta y arbitraje iniciado en 2019

Lupaka alega que el Estado peruano falló en resguardar la continuidad operativa frente a bloqueos que impidieron el acceso al proyecto Invicta, ubicado a unos 120 km al norte de Lima. La empresa señala que antes de la escalada del conflicto ya había avanzado obras subterráneas y accesos, y proyectaba producción durante un ciclo de operación acotado.

El arbitraje fue lanzado hacia fines de 2019, y culminó con el laudo emitido por ICSID en 2025.

Un contexto más amplio: arbitrajes, cumplimiento y señales al inversionista

El caso se suma a un período en que Perú ha enfrentado presión por otros laudos internacionales. A fines de diciembre de 2025, Bloomberg informó que el país fue declarado en “default” en una causa en EE.UU. ligada al no pago de otro laudo, y en enero de 2026 Global Arbitration Review reportó que Perú informó haber pagado un laudo ICSID por US$91 millones vinculado a un proyecto aeroportuario.

Para el mercado, este tipo de disputas suele tener una doble lectura: por un lado, el riesgo fiscal y reputacional que implica acumular controversias; y por otro, la señal regulatoria y social que reciben inversionistas en sectores intensivos en permisos y licencia social, como minería e infraestructura.

Reacción del mercado

Tras conocerse el laudo, las acciones de Lupaka han mostrado alta volatilidad. Medios especializados han reportado que el papel se revalorizó con fuerza luego del fallo arbitral, aunque con una capitalización de mercado aún reducida en términos relativos para el sector.

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