IIMP: débil institucionalidad sigue siendo el mayor desafío para el desarrollo minero en Perú, advierte Juan Carlos Ortiz

Juan Carlos Ortiz (IIMP) alertó que la débil presencia del Estado y la falta de capacidad institucional frenan el desarrollo minero formal en Perú. Pide fortalecer Ingemmet y la lucha contra la minería ilegal con presencia permanente en zonas críticas como Pataz.

El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, advirtió que la débil institucionalidad y la insuficiente presencia del Estado en el territorio continúan siendo el principal obstáculo para consolidar un desarrollo minero sostenible en el país, pese al alto potencial geológico y al interés por impulsar la minería formal.

“El Perú inicia el año enfrentando una paradoja persistente: pese a su enorme potencial minero y al sostenido interés por desarrollar minería formal, el Estado todavía no logra consolidar una presencia efectiva que garantice orden, legalidad e institucionalidad”, sostuvo.

715 petitorios mineros en un día: señal positiva, pero con un reto de capacidad estatal

Ortiz destacó que la recepción de 715 petitorios mineros en una sola jornada nacional por parte del Ingemmet evidencia que el interés por la minería formal sigue activo, en un contexto global de mayor demanda por minerales estratégicos.

Sin embargo, enfatizó que el dato debe mirarse más allá del volumen:

“El número de petitorios no debe analizarse solo desde una perspectiva cuantitativa. Es fundamental evaluar si el Estado cuenta con la capacidad técnica, ambiental y social para procesarlos, fiscalizarlos y acompañarlos de manera eficiente”.

A su juicio, si el sistema no es ágil, transparente y predecible, se abren espacios para la especulación, superposición de derechos y para que actividades ilegales se oculten tras procesos incompletos o deficientemente fiscalizados.

Minería ilegal: avances puntuales, pero insuficientes frente a un problema estructural

El IIMP valoró como señal positiva la extinción de dominio de casi 10 kilos de oro vinculados a minería ilegal, remarcando que las herramientas legales pueden funcionar cuando existe decisión política y coordinación interinstitucional.

“La recuperación de estos activos no solo tiene un valor económico, sino también simbólico pues deja claro que el delito no genera derechos”.

No obstante, Ortiz advirtió que estas acciones siguen siendo insuficientes frente a redes que mueven grandes volúmenes de mineral, recursos millonarios y estructuras asociadas a violencia, corrupción y crimen organizado.

Preocupación por Pataz: falta de fiscales, policía especializada y logística

Ortiz expresó especial preocupación por la débil presencia del Estado en zonas críticas como Pataz (región La Libertad), donde —según indicó— un número reducido de fiscales enfrenta un escenario marcado por violencia y minería ilegal arraigada.

“No se pueden exigir resultados cuando las condiciones son claramente insuficientes. La falta de fiscales, policías especializados y logística adecuada termina cediendo el control del territorio a economías ilegales”.

“No puede haber desarrollo sostenible sin institucionalidad fuerte”

Finalmente, el vicepresidente del IIMP reiteró que la lucha contra la minería ilegal requiere presencia permanente del Estado, y no operativos aislados.

“No puede haber desarrollo minero sostenible sin una institucionalidad fuerte. El Perú necesita un Ingemmet robusto, fiscalías con recursos suficientes, una Policía especializada y una política clara que diferencie con firmeza la minería formal de la ilegal”.

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