Minería artesanal peruana: entre la ley y la criminalización

Un estudio revela que la informalidad en la minería artesanal de cobre en Perú se ha vuelto estructural, sosteniendo la transición energética mientras expone a los mineros a la criminalización.

La investigadora Sandra McKay, del Departamento de Estudios de Desarrollo Global de la Universidad Queen’s (Canadá), publicó el artículo ¿Minerales críticos o mineros criminales? La (in)formalización de la minería artesanal y de pequeña escala de cobre en Perú, un estudio que combina etnografía multisituada, observación participante y análisis documental para seguir el recorrido del cobre desde minas informales hasta los mercados internacionales.

El trabajo muestra cómo, desde la década de 1990, el proceso de formalización minera en Perú se ha convertido en un “limbo regulatorio” que mantiene a cerca de medio millón de trabajadores en una situación ambigua entre la legalidad y la ilegalidad. Según McKay, esta “informalización institucionalizada” ha permitido al Estado eludir la reforma estructural del sistema de concesiones, controlado en gran parte por privados, y sostener un modelo extractivo que abastece rápidamente la creciente demanda global de minerales críticos.

“La minería artesanal y de pequeña escala informal se conceptualiza como un momento fronterizo: la frontera crítica de los minerales se expande a través de una informalización temporal pero sostenida”, sostiene la autora. Su investigación revela que el cobre producido por la MAPE se exporta a mercados internacionales de manera “suficientemente legal”, aunque sin cumplir con los estándares de trazabilidad que garantizarían precios justos y responsabilidad social.

El artículo advierte que esta “temporalidad perpetua” de la informalidad no solo perpetúa la precariedad y vulnerabilidad de los mineros, sino que además facilita la expansión de la frontera extractiva, utilizada por élites económicas y redes criminales para acceder a nuevos territorios bajo la apariencia de operaciones locales.

McKay plantea que ningún proceso de formalización será efectivo sin una reforma profunda de la gobernanza de los recursos, incluyendo el restablecimiento de mecanismos de apoyo estatalm como el histórico Banco Minero, y el otorgamiento de concesiones preferenciales a la MAPE. Asimismo, propone que futuras investigaciones examinen cómo los tratados comerciales internacionales pueden condicionar la capacidad del Estado peruano para implementar políticas de apoyo al sector.

El estudio se enmarca en una creciente preocupación global por la sostenibilidad y trazabilidad de los minerales críticos que sustentan la transición energética, en un contexto donde los esfuerzos por la descarbonización pueden, paradójicamente, profundizar formas de desigualdad y extracción informal en el Sur Global.

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