Elecciones 2025: ¿Qué dicen los candidatos a Presidente sobre la minería? Conoce las propuestas de Marco Enríquez-Ominami

El candidato plantea una estrategia para agilizar proyectos productivos, promover la minería verde y aplicar impuestos ambientales para una gestión sostenible de los recursos.

El programa presidencial de Marco Enríquez-Ominami (N°3 en la papeleta) aborda la minería y la inversión productiva dentro de una visión de soberanía económica orientada a la innovación, la eficiencia estatal y la sostenibilidad ambiental. Sus propuestas incluyen la creación de una nueva Oficina Nacional de Inversión Productiva (ONIP), una Política Industrial Inteligente 2030 y la aplicación de un royalty minero territorial y un impuesto al uso intensivo del agua.

Según el documento, Chile mantiene una cartera de proyectos de inversión superiores a US$ 56 mil millones, concentrados en minería, energía e hidrógeno verde. Sin embargo, más de 250 proyectos permanecen sin materializarse debido a retrasos en permisos ambientales y sectoriales, incertidumbre regulatoria y descoordinación estatal. Para enfrentar esta situación, Enríquez-Ominami propone la creación de la Oficina Nacional de Inversión Productiva, dependiente del Ministerio de Hacienda o Economía, como ventanilla única para gestionar y articular los permisos administrativos de proyectos públicos y privados.

La ONIP buscaría eficientizar los procesos gubernamentales asociados a la inversión, mediante trazabilidad digital obligatoria y plazos máximos por ley, con el fin de aumentar la certeza jurídica y evitar que la burocracia detenga el desarrollo productivo. El candidato sostiene que el objetivo no es aprobar más rápido los proyectos, sino asegurar una gestión “eficiente y eficaz” de las inversiones.

En paralelo, Enríquez-Ominami propone una Política Industrial Inteligente 2030, con foco en la descentralización, responsabilidad ambiental y desarrollo tecnológico nacional. Esta política priorizaría sectores estratégicos como la producción de litio y minería verde con procesamiento local, la producción de hidrógeno verde y baterías de nueva generación, la agroindustria tecnificada y economía circular, el software y la robótica, y la biotecnología marina vinculada a la Economía Azul.

En materia minera, el programa reafirma su compromiso con la aplicación del nuevo royalty minero con tasa progresiva, garantizando además que al menos el 30% de la recaudación se distribuya regionalmente a través del Fondo de Equidad Territorial. Esta medida busca fortalecer el desarrollo de las regiones productoras y avanzar hacia una distribución más justa de los beneficios mineros.

Por otra parte, Enríquez-Ominami plantea la creación de un impuesto al uso intensivo del agua en sectores productivos como la minería, la agroindustria y las forestales. Según el programa, en Chile se extraen más de 35 mil millones de m³ de agua al año, de los cuales la agricultura consume el 70%, la minería un 19% y la población urbana un 11%. La recaudación de este impuesto se destinaría a financiar la restauración ecológica de cuencas, fortalecer la resiliencia hídrica local y desarrollar tecnologías de reutilización y desalinización para pequeños agricultores.

De acuerdo con el programa, el impuesto no afectará el consumo humano ni a los sistemas comunitarios de agua, y contemplará una exención para los primeros 100.000 m³ anuales, protegiendo así a los pequeños regantes y cooperativas rurales.

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