Paulina Cáceres, sobre permisología: “la ley apunta a profesionalizar la gestión de permisos"

Paulina Cáceres, Project Engineer de GEM Mining Consulting, se refirió a la reciente Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), donde indicó que la nueva norma “establece por primera vez un marco claro de tiempos y responsabilidades en los permisos".

La Ley 21.770, conocida como Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), comenzó a regir oficialmente y promete marcar un punto de inflexión en la tramitación de permisos para proyectos en Chile. La nueva norma busca reducir la burocracia, coordinar a los servicios públicos y entregar mayor certeza jurídica a los titulares de proyectos, un cambio que el sector minero observa con atención por su potencial impacto en la planificación y la competitividad.

Paulina Cáceres, Project Engineer de GEM Mining Consulting, dice que la LMAS “establece por primera vez un marco claro de tiempos y responsabilidades en los permisos, lo que puede traducirse en una mejora real en la eficiencia de los proyectos mineros. Si se cumple la ley, habrá más certeza jurídica, y eso permite una mejor planificación de los proyectos mineros”, destacó.

La ley crea el Sistema de Regulación y Evaluación Sectorial, que unifica a todos los ministerios y servicios con competencias en la entrega de autorizaciones. Fija un plazo máximo de 50 días hábiles para resolver permisos catalogados como “autorizaciones de proyecto” e incorpora el silencio administrativo positivo, lo que significa que, si una entidad no responde dentro del plazo establecido, el permiso puede entenderse otorgado tácitamente.

Además, se implementa la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión y el sistema digital SUPER (Sistema Unificado de Permisos Sectoriales), una plataforma que permitirá tramitar y monitorear en línea cada autorización, garantizando trazabilidad y transparencia en todo el proceso.

Un cambio relevante para la minería

Para la industria minera, la LMAS representa un avance concreto en eficiencia y coordinación institucional. Históricamente, los proyectos han debido sortear procesos extensos y duplicados entre los permisos sectoriales y las evaluaciones ambientales por parte del SEIA. La nueva ley ordena esa relación, estableciendo que los permisos que se tramiten fuera del SEIA se regirán por las reglas de la LMAS, evitando duplicidad de exigencias y concentrando a cada autoridad en su ámbito técnico (siempre respetando las Resoluciones de Calificación Ambiental).

Otro cambio clave es la incorporación del plan de cierre de faenas como un permiso sectorial formal, requisito indispensable antes de iniciar operaciones, lo que refuerza la planificación del cierre desde el inicio de cada proyecto.

Paulina, agrega que “la ley apunta a profesionalizar la gestión de permisos y a equilibrar la relación entre exigencia ambiental y viabilidad técnica. Si se aplica correctamente, puede ser una herramienta decisiva para mejorar la planificación minera en Chile”.

La entrada en vigor de la Ley 21.770 no solo implica mayor agilidad y transparencia, sino también previsibilidad y confianza regulatoria, condiciones indispensables para que la minería chilena continúe liderando en un contexto global cada vez más competitivo.

COMENTA AQUÍ