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Por Agustín de Vicente , 12 de octubre de 2025 | 09:06

Comunidades acusan a ONG de fomentar el cierre de la mina Cobre Panamá

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Residentes de Cobre Panamá denuncian que la ONG CIAM usó fondos de la Fundación Packard para activismo político tras el cierre minero, mientras el gobierno evalúa una reapertura.

Comunidades cercanas a la mina de cobre Cobre Panamá, operada por First Quantum Minerals (TSX: FM), acusan a una reconocida ONG ambiental de promover la agitación política y abandonar a los residentes afectados por el cierre del yacimiento en 2023, considerado uno de los eventos más disruptivos en la historia reciente de la minería panameña.

Denuncias contra el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

En una carta enviada a la Fundación Packard, el Comité Cívico Comunitario (CCC) cuestionó el rol del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) —organización que ha recibido más de US$400.000 en subvenciones— por supuestamente desviar fondos destinados al desarrollo comunitario hacia activismo político.

De acuerdo con los registros de la fundación, CIAM obtuvo US$45.000 en 2022, US$180.000 en 2023, y tiene previstos otros US$180.000 para 2025. Sin embargo, el CCC sostiene que ninguno de esos recursos se tradujo en beneficios concretos para las comunidades que perdieron sus fuentes de empleo tras el cierre de la mina.

El comité acusa a CIAM de haber sido clave en la demanda judicial que invalidó el contrato entre Minera Panamá, filial de First Quantum, y el Estado panameño, provocando una crisis social y económica que desencadenó protestas masivas y la pérdida de más de 1.500 empleos formales.

“Sus acciones han generado más pobreza, división y frustración entre quienes vivimos aquí, justo lo contrario de lo que predican”, señala la carta citada por Panamá América.

Impacto social y abandono

El CCC también denunció la suspensión de becas, programas de capacitación y proyectos juveniles en deportes, cultura y emprendimiento, los cuales habían impulsado el desarrollo local.

A su vez, acusó a CIAM de no haber visitado las comunidades afectadas desde el cierre, concentrando sus esfuerzos en alianzas políticas y campañas en redes sociales con un enfoque “parcial y ajeno a las verdaderas necesidades del territorio”.

Gobierno evalúa reapertura

El ministro de Comercio, Julio Moltó, señaló en septiembre que las conversaciones para una eventual reapertura de Cobre Panamá podrían comenzar a fines de 2025 o inicios de 2026, una vez concluida la auditoría integral ambiental, social y económica liderada por SGS Panama Control Services.

El ministro destacó que la reactivación de la mina es la segunda prioridad del presidente José Raúl Mulino, después de la reforma previsional, y valoró el gesto de Minera Panamá al suspender el arbitraje internacional contra el Estado, abriendo espacio para el diálogo.

El dirigente sindical Aniano Pinzón, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), respaldó los esfuerzos de reapertura, destacando la urgencia de recuperar los empleos perdidos y reactivar la economía nacional.

Pilar económico nacional

Antes de su cierre, Cobre Panamá se ubicaba entre las principales minas de cobre del mundo, con una producción de 350.000 toneladas en 2022, equivalente a cerca del 5% del PIB panameño.

Según estimaciones de First Quantum, la paralización ha generado pérdidas de hasta US$1.700 millones en actividad económica. Trabajadores, contratistas y comunidades continúan presionando por la reanudación de operaciones, considerando la mina clave para la estabilidad económica del país.

Por ahora, la compañía mantiene el yacimiento en modo de mantenimiento, preparado para reanudar operaciones si se alcanza un nuevo acuerdo con el gobierno.

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