Comisión investigadora aprueba informe sobre robo de cables de cobre y pide fortalecer fiscalización

El documento concluye que Chile enfrenta una crisis silenciosa por el robo sistemático de cobre, afectando la seguridad nacional y los servicios básicos, e insta a reforzar la denuncia ciudadana.

La Comisión Investigadora sobre robo de cables de cobre (CEI 72) aprobó, por 7 votos a favor y 5 en contra, su informe final de propuestas y conclusiones. El texto, que será remitido a la Sala de la Cámara, subraya la urgencia de mejorar la fiscalización preventiva y fortalecer la coordinación institucional para enfrentar un delito que va más allá del daño a la infraestructura.

El informe descarta incluir referencias a supuestas vinculaciones políticas con redes de robo, como proponía una de las versiones en discusión, y se enfoca en un marco general de propuestas legislativas y de control.

Robo de cables: una amenaza para servicios y comunidades

El documento advierte que el robo sistemático de cobre constituye una amenaza directa a la seguridad nacional, a la continuidad de servicios esenciales como electricidad y agua potable, y a la confianza ciudadana en el Estado.

Según cifras oficiales, solo en la Región de Coquimbo se registró el robo de más de 63.000 metros de cable entre 2021 y 2023. Le siguen Biobío, con 27.223 metros, y Maule con más de 22.000 metros sustraídos.

Este delito tuvo un nuevo episodio el 30 de septiembre, cuando la comuna de Pemuco quedó sin suministro eléctrico tras el robo de 3.600 metros de cable de la compañía Frontel, afectando también a sistemas de agua potable rural.

Propuestas y medidas para enfrentar el delito

El informe plantea un paquete de medidas que incluye:

• Incorporar el delito en la Ley N° 21.644 para ser perseguido por las Fiscalías Supraterritoriales.
• Establecer sanciones específicas para funcionarios públicos involucrados.
• Fortalecer el rol fiscalizador preventivo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
• Prohibir el cambio de formato del cobre en chatarrerías, desarmadurías y fundiciones menores.
• Implementar un sistema de trazabilidad digital y reforzar el control de exportaciones.
• Avanzar en el soterramiento de cables aéreos.
• Incorporar tecnologías de monitoreo en tiempo real para detección temprana.

Además, se insiste en la importancia de la denuncia ciudadana anónima a través del número *4242, clave para la persecución de bandas organizadas vinculadas al robo de cobre.

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