Minería ilegal pone en riesgo inversiones en Perú

Un reciente ataque a una torre de alta tensión en Piñuto, Pataz, atribuido a mineros ilegales, pone en riesgo la seguridad y las operaciones de la minera Poderosa.

El sector minero de Perú enfrenta un desafío creciente de seguridad, como lo demuestra el reciente ataque a una torre de alta tensión en el centro poblado Piñuto, Pataz. Este atentado, presuntamente perpetrado por mineros ilegales, ha interrumpido las operaciones de la minera Poderosa, generando preocupación tanto a nivel local como nacional.

Según Sol TV, la noche del 25 de enero, un grupo de delincuentes empleó explosivos para derribar la Torre 5 de la sala de interconexión SE 2190, crucial para las operaciones de Poderosa. Este acto no solo representa un atentado directo a la infraestructura crítica, sino que también subraya la vulnerabilidad de las operaciones mineras en la región.

En el contexto de ataques continuos, la minera ha reportado sufrir asaltos similares en el pasado, incluyendo un incidente en diciembre de 2023 donde nueve trabajadores perdieron la vida. La empresa ha expresado su preocupación por la seguridad de su personal y la integridad de sus operaciones.

Pataz, declarada en estado de emergencia desde enero de 2023, sigue siendo escenario de ataques armados por parte de mineros ilegales y extorsionadores. En los últimos años, más de 15 trabajadores han sido víctimas mortales de estos ataques.

Esta situación no solo afecta a Poderosa, sino que tiene un impacto más amplio en la percepción del riesgo en la región. Erik Heimlich, de la consultora CRU, señaló a BNamericas que estos eventos reflejan una debilidad en la gobernanza y el marco regulatorio del sector, factores críticos en la toma de decisiones de los inversores, especialmente en proyectos mineros de alta inversión.

Asociaciones como la IIMP y la SNMPE han condenado estos atentados, exigiendo garantías para que las operaciones mineras continúen con normalidad. Sin embargo, resolver este problema es complejo. Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas, destaca la dificultad de luchar contra la minería informal y la necesidad de una respuesta gubernamental firme y efectiva.

Entre las medidas propuestas se encuentra la instalación de bases militares en zonas de conflicto y la formalización de mineros artesanales. De no tomarse acciones decisivas, advierte Incháustegui, podría haber una reducción significativa en las inversiones en el sector.

La minería ilegal genera pérdidas al Perú por más de S/22.700 millones al año, lo que equivale al 2,5% del producto bruto interno (PBI). Además, mueve más recursos económicos que el narcotráfico y pone en peligro la seguridad nacional, la biodiversidad, el ambiente, los derechos humanos y la vida de los ciudadanos.

Este incidente en Pataz es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la industria minera en Perú, donde la seguridad y la estabilidad son fundamentales para atraer y mantener inversiones. La respuesta del gobierno y del sector privado a estos desafíos determinará el futuro de la minería en regiones como Pataz.

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