Antofagasta: denuncian irregularidades en programa de la Seremi de Minería

La denuncia involucraría más de 500 millones en gastos objetados de un programa ejecutado en el gobierno anterior.

El gobernador regional Ricardo Díaz Cortés presentó una acusación ante la Fiscalía de Antofagasta, por posibles irregularidades ocurridas en la subsecretaría y Seremi de Minería, durante el gobierno anterior. El programa para el fortalecimiento de la pequeña minería en la región, financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), presentaría vicios y falta de probidad.

Según publicó El Mercurio de Antofagasta, el programa en cuestión es una iniciativa que fue aprobada en julio de 2019, al cual se le hizo una transferencia de $3.094.070. Sin embargo, a fines del mismo año, un profesional que se desempeñaba en la Seremi dio a conocer una serie de irregularidades que ocurrieron en la gestión del ex secretario ministerial, Alex Acuña, principalmente un mal uso de los recursos del gobierno regional.

Las denuncias apuntan a contrataciones no ajustadas a procedimientos administrativos, mal uso de camionetas y combustible asociadas al programa, bitácora de viajes modificadas, conflictos de interés entre profesionales que estaban a cargo del proyecto, los cuales también habrían trabajado en SQM. Además, se registra el pago de arriendo de oficinas que no habrían sido ocupadas, entre otras acusaciones.

El gobernador Ricardo Díaz solicitó a la Unidad de Auditoría del Gobierno Regional, realizar las indagaciones relacionadas a un informe presentado con fecha 28 de junio. 

En él, se confirman conductas asociadas a la falta de probidad como “pagos con cargo al proyecto en actividades ajenas al mismo, cometidos no ejecutados, utilización de vehículos del programa para actividades no relacionadas con el proyecto, incumplimientos de contratos al constatar la existencia de permisos y feriados no contemplados en las cláusulas”.

"En resumen y de acuerdo a la revisión efectuada a cada una de los ítems ejecutados, se establece la suma de $61.227.378, como gastos rechazados, los cuales deben ser devueltos a nuestra organización, como también la suma de $447.798.888, gastos observados, por los que la unidad ejecutora debe remitir todos los antecedentes necesarios que permitan fundamentar el gasto realizado”, sintetiza el escrito.

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