Actores del ecosistema minero rechazan propuesta de nacionalización de la gran minería

Distintos miembros del ecosistema minero han cuestionado la medida por su potencial perjudicial para el desarrollo de la actividad extractiva y por el financiamiento de la propuesta.

Este sábado 5 de marzo, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional votó varias propuestas relativas a la explotación y propiedad minera en Chile, entre ellas la nacionalización de la gran minería del cobre, litio y oro.

Con 13 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el grupo de convencionales aprobó la propuesta que en su sexto capítulo transitorio establece que, una vez promulgada la Constitución, el Estado tendrá hasta un año para nacionalizar las empresas que trabajen con minerales metálicos y no metálico, así como hidrocarburos y otros, según lo determine el Presidente.

Para que esta propuesta avance es necesario que sea discutida por el pleno de Convención Constitucional. En esta instancia, los 155 constitucionales deberán realizar una votación sobre la norma y, si esta no logra igual o más de 103 votos, no pasará a la propuesta de Constitución. 

Al respecto, distintos miembros del ecosistema minero han reaccionado ante la medida. Entre ellos, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), así como también distintos expertos y actores de la industria. 

Cuestionamientos 

CESCO rechazó la mencionada iniciativa por su potencial perjudicial para el desarrollo de la actividad minera y el aporte económico y ambiental del país. De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, “Chile ya no es el país de los años 60 que las empresas importaban todo desde fuera. Chile hoy tiene un parque industrial minero de clase mundial”.

El Estado se lleva hoy un 40% de las utilidades de las empresas mineras. Un yacimiento que no se encuentre y ponga en marcha significaría un lucro cesante de un 40% para el Estado de Chile. Luego nacionalizar significa expropiar. Y si no se paga o se paga el valor libro entrarían las cláusulas de inversión extranjera y tratados internacionales que dicen que se debe pagar el valor justo (comercial) al contado y antes de tomar la posesión, detalló el centro de estudios.

De no renunciar o no cumplir con los tratados y contratos firmados por el Estado de Chile de seguro existirán demandas por parte de las empresas y embargo de embarques de la producción al extranjero, que se pondrán en práctica debido a una innumerable cantidad de juicios en contra del Estado. Volvemos a recordar que no estamos en los años 60 en que el derecho internacional era débil. Tenemos tratados con todos los países y tribunales internacionales”, señalaron desde CESCO. 

En esa misma línea, de acuerdo con el Mercurio de Santiago, académico del Departamento de Ingeniería de la Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, sostiene que la forma de estimar los pagos es algo que no será aceptado internacionalmente. Así, Lagos señala que “a Chile le va a costar mucho más caro nacionalizar de lo que plantea esa propuesta (…) hay una propuesta de indemnización que es poco realista. Eso no se va a cumplir”. 

Por parte del rubro de servicios mineros, el gerente general de Tekfusión, Lautaro Manríquez Callejas, señaló a Minería y Futuro que la posible aprobación “perjudica a todo el ecosistema minero, principalmente a los medianos y pequeños actores”. Asimismo, Manríquez señala que “el país no está en condiciones de afrontar dicha inversión”. 

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