Diego Hernández, presidente de SONAMI: "La minería y la protección de los glaciares son compatibles"

SONAMI envió una carta a la Comisión de Minería y Energía del Senado ante la preocupación generada por el proyecto de Ley de Protección de Glaciares

Ante la creciente preocupación de la industria minera por la discusión del proyecto de Ley de Protección de Glaciares, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, envió una carta al titular de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Rafael Prohens.

El escrito, que también fue compartida al resto de los integrantes de la comisión, indicó que el rubro minero participa de la preocupación por la protección de los glaciares, "pero con la misma convicción debemos señalar que no compartimos el contenido actual del proyecto de ley y que lo consideramos contrario a los intereses de nuestro país", detalló la misiva.

Al analizar contenido del proyecto, Hernández señaló que la iniciativa establece prohibiciones generales para la realización de actividades productivas en zonas cercanas o directas que pudieren ser calificadas como glaciares, ambiente periglaciar o permafrost, "tratando genéricamente y de una misma manera a todas esas crioformas, las que tienen características, relevancia y una función ecosistémica totalmente diversas". 

Además, el presidente de SONAMI comentó que incluso el proyecto de ley se encarga de prohibir, también de una manera genérica, toda actividad minera en ambientes periglaciares, sin atender a la ubicación o condiciones particulares del mismo ni a la actividad que se busca realizar.

"Ello en sí nos parece inadecuado y generará un impacto negativo y totalmente innecesario al desarrollo de nuestro país, al prohibir ex ante y sin una adecuada evaluación actividades que son perfectamente compatibles con la preservación del medioambiente. Más preocupante aún es la intención de dar un efecto retroactivo a estas nuevas disposiciones", indicó la carta generada desde la SONAMI.

Por otro lado, Diego Hernández recuerda que, según ha indicado Cochilco y es coincidente con el análisis de la industria, "la aprobación de este proyecto de ley causaría al país una caída de 2,4% en el PIB y una destrucción de 42 mil empleos, afectando innecesariamente a cinco grandes faenas mineras, las cuales han podido y pueden desarrollarse de manera perfectamente compatible con la protección de nuestro ecosistema".

"Esta preocupación también ha sido recogida por los sindicatos de trabajadores de esas operaciones mineras. Una imposición legal de esa envergadura no sólo limitaría innecesariamente las posibilidades de desarrollo de la minería y de nuestro país, sino que además expondría al Estado a tener que indemnizar a los inversionistas por el valor económico de las reservas mineras afectadas, lo que constituye un doble contrasentido", aseveró el líder gremial.

¿Qué queremos proteger?

En su carta a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, Hernández menciona el informe elaborado por la Comisión de Glaciares del Instituto de Ingenieros de Chile "Los Glaciares: ¿Qué queremos proteger?",  en el que señala que "en el debate público sobre esta materia ha habido mitos e incorrecciones y por lo mismo resulta fundamental que la discusión que se realice en el Congreso tenga en debida consideración los diversos antecedentes científicos que existen, tanto en nuestro país como a nivel internacional".

"Éstos, de manera concluyente, señalan que lo correcto es considerar cada situación según sus propias particularidades ambientales y técnicas y que por consiguiente, cada proyecto debería someterse a una adecuada evaluación técnico-ambiental que considere las características del proyecto mismo y las funciones ecosistémicas e importancia de cada crioforma, a fin de compatibilizar el crecimiento del país y la preservación ambiental", aseveró el directivo de SONAMI.

A su vez, el representante agregó que una política de protección de los glaciares que responda al interés público "debiera evaluar caso a caso los impactos de los proyectos y no establecer prohibiciones absolutas que impidan a priori su realización y afecten el desarrollo futuro de esta importante actividad productiva".

Finalmente, Hernández enfatizó en la evaluación de cada caso respecto a los impactos de los proyectos y no establecer prohibiciones absolutas. "Nos permitimos hacer un nuevo llamado a que se considere el conocimiento científico existente y sobre él se construya un pronto consenso legislativo, que permita despejar tales incertidumbres y elaborar la mejor ley posible para nuestro país, que compatibilice adecuadamente el desarrollo de nuestra riqueza minera y la preservación de nuestra riqueza ambiental. La minería y la protección de los glaciares son compatibles".

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